Ley de Amnesia Criminal

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Desde que en 1999 el Comandante Hugo Chávez asumiera la Presidencia de la República mediante el voto popular, se ha desarrollado en Venezuela un proceso de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. Dicho proceso ha generado las más agudas contradicciones con los poderes políticos y económicos dominantes de Venezuela y el mundo, en la medida en que la Revolución Bolivariana ha avanzado en la redistribución de la riqueza y del poder nacional en manos de los que históricamente fueron excluidos y oprimidos por las elites, a lo cual se le suma que ha desafiado al poder hegemónico de Estados Unidos en la región, impulsando decisivamente un estadio superior de unión latinoamericana y caribeña.

A raíz de la desaparición física del Presidente Hugo Chávez y de la elección del Presidente Nicolás Maduro en abril de 2013, las fracciones de la derecha venezolana con pleno respaldo del Gobierno de Estados Unidos, han venido desarrollando de forma sistemática acciones para desestabilizar el país, impulsando estrategias de derrocamiento del gobierno democráticamente electo.

Esto ha implicado un proceso de sabotaje económico sin precedentes, dirigido por la oposición política y económica que ha consistido en un ataque especulativo contra la moneda nacional desde dentro y fuera de Venezuela; desabastecimiento programado de alimentos y bienes de la cesta básica; aumento indiscriminado de precios; contrabando masivo de extracción de dichos bienes hacia territorio colombiano; lo cual ha venido generando un clima de desestabilización interna y de zozobra en la población. Esta situación se ha complejizado con la caída abrupta de los precios internacionales del petróleo, del cual dependen en una significativa proporción los ingresos fiscales del Estado venezolano. En este contexto, entre los años 2014 y 2015, los ingresos nacionales en divisas disminuyeron en 80%. Este escenario genera en su conjunto, condiciones para que la oposición atente contra la Constitución, el Estado de Derecho y, sobre todo, en contra de las decisiones soberanas del pueblo venezolano.

Pese a este complejo momento económico, el Presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado del Comandante Chávez, ha afianzado el modelo redistributivo de inclusión social en el que el Estado asume como prioridad absoluta la protección de las familias venezolanas y de los trabajadores. Sólo entre el año 2013 y el 2016, esto se ha expresado en 11 incrementos de los salarios mínimos y las pensiones, manteniendo en 6% el desempleo y otorgando 600 mil  nuevas pensiones; ha culminado más de 658 mil viviendas populares; ha reducido la pobreza extrema estructural de 6,3% a 4,9%, a partir del fortalecimiento de los programas y misiones sociales; manteniendo además los subsidios a los servicios públicos y las subvenciones sociales. El Gobierno del Presidente Maduro, prioriza siempre la inversión social, por sobre los clásicos equilibrios macroeconómicos que recomienda el Fondo Monetario Internacional, todo esto sin dejar de pagar los intereses y el capital de la deuda externa.

En medio de esta guerra económica contra el pueblo y de la ejecución continuada de los planes para forzar la salida del Presidente Nicolás Maduro,  las diversas fracciones de la oposición venezolana obtuvieron la mayoría de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, como resultado de las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre de 2015. Una de sus ofertas en la campaña electoral promovida dentro y fuera de Venezuela, consistió en la aprobación de una Ley de Amnistía que permitiera exonerar de la responsabilidad penal a dirigentes y militantes de la derecha, que actualmente se encuentran privados de libertad por haber cometido diversos delitos relacionados con violaciones a derechos humanos, en el marco de acciones concretas para derrocar a los Presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, respectivamente.

Es así como esta mayoría opositora, aprobó en primera discusión el día 16 de febrero de 2016, el proyecto de “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”. Los diputados y diputadas del Bloque de la Patria que respaldan a la Revolución Bolivariana, han catalogado a este proyecto como la “Ley de Amnesia Criminal”, toda vez que pretende imponerle al pueblo venezolano el perdón y el olvido de los crímenes que ha cometido la derecha desde 1999 hasta que entre en vigencia dicha Ley.

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